Consejo Mundial de Iglesias
COMITÉ CENTRAL
Ginebra, Suiza
26 de agosto - 3 de septiembre de 2002
Documento No .PUB 5
Para examen y decisión

Segundo informe del comité de cuestiones de actualidad


Aprobado


I. DECLARACIÓN SOBRE ASIA MERIDIONAL

La situación en la región de Asia Meridional plantea una grave amenaza para la paz mundial. Dos potencias nucleares, India y Pakistán, se mantienen en un estado de perpetua y creciente confrontación militar. La región ha sido escenario de violencia y conflictos interestatales e intraestatales durante los últimos cincuenta años. Está habitada por más de mil millones de personas y ofrece el contraste entre dos mundos diferentes: el de la minoría rica y el de la mayoría pobre, desfavorecida y socialmente marginada. Sus sociedades se ven desgarradas por el nacionalismo, el etnocentrismo y el extremismo religioso.

Hay tres países más pequeños, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, que también están en crisis. Nepal, el único reino hindú del mundo, se encuentra ante una creciente insurrección “maoísta” que ha tenido por consecuencia una enorme pérdida de vidas, de prosperidad y de seguridad para su población. El conflicto étnico en Sri Lanka se ha cobrado un pesado tributo de vidas humanas y ha paralizado prácticamente la economía del país. La firma en febrero de 2002 del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de del Eelam Tamil (LTTE), aporta una señal de esperanza. Sin embargo, desde que obtuvo su independencia de Pakistán mediante una guerra de liberación en 1971, Bangladesh sigue siendo incapaz de superar el carácter conflictivo de su política. Políticos oportunistas y repetidas intervenciones militares han llevado al país al borde de la ruina. Su economía permanece estancada y enteramente dependiente de asistencia externa.

Las sociedades de Asia meridional están minadas por la corrupción endémica y por políticas de confrontación que a menudo conducen a graves violaciones de los derechos humanos de los partidos políticos de oposición. En un ambiente creciente de intolerancia, las minorías religiosas y la libertad de culto son objeto de ataques, no sólo por parte de las autoridades sino también, en varios casos, por parte de las comunidades mayoritarias.

Las iglesias y los cristianos son en toda la región una pequeña minoría. El clima creciente de intolerancia religiosa y nacionalismo amenaza gravemente sus derechos, y los de otras minorías religiosas, de manifestar su fe en cultos y prácticas públicos. A menudo se presiona a los cristianos para que sean testigos silenciosos y sufrientes de la esperanza en tiempos turbulentos. En tiempos críticos como éstos, la participación de los cristianos en la vida y las actividades de la comunidad se basa en su comprensión de la fuerza del Evangelio y su fidelidad a él. En medio de rupturas, violencia y conflictos, los cristianos y las iglesias están llamados a ser mensajeros de paz y a promover la curación y la reconciliación.

Con estos antecedentes, y en el contexto del Decenio para Superar la Violencia, el Comité Central decide lo siguiente:

1. Religión, política e intolerancia

1.1 En la región de Asia meridional están presentes las grandes religiones del mundo : islam, hinduismo, budismo y cristianismo. Durante siglos los fieles de estas religiones han vivido en paz y armonía. La situación parece cambiar ahora. En el último decenio la religión se ha convertido en un factor importante y a veces dominante en los conflictos intraestatales. Ha sido manipulada para promover estrechos intereses y objetivos políticos o nacionalistas. La intolerancia religiosa ha crecido en casi todas partes, y las sociedades de Asia meridional no son una excepción.

1.2 En la India, la aparición del Partido Bhartiya Janata (BJP) como fuerza principal en el escenario político ha socavado gravemente la base secular del país. En los últimos años, cristianos y musulmanes han sido víctimas de atentados y se han quemado sus templos. También han aumentado los ataques a la comunidad Dalit. Pese a todas las garantías constitucionales, los dalit siguen sufriendo humillaciones y discriminaciones no sólo por parte de las autoridades sino también por parte de la mayoría de la población. En Pakistán, el clima de intolerancia religiosa alimentado durante los 11 años de gobierno militar del general Zia ha creado una situación de inseguridad para las vidas y los bienes de las minorías cristianas. Muchas familias han sufrido por el uso indiscriminado de las leyes contra la blasfemia, aplicadas a cristianos inocentes. Aldeas e iglesias cristianas han sido objeto de ataques por instigación de grupos extremistas islámicos. La situación ha empeorado a consecuencia de la guerra emprendida por los Estados Unidos en Afganistán. En Sri Lanka y Bangladesh, grupos budistas e islámicos se han servido a menudo de la religión con fines políticos para incitar al odio y a la violencia contra minorías religiosas.

1.3 La creciente intolerancia religiosa en toda el Asia meridional ha producido muchas víctimas. Ha resquebrajado la base multicultural, multirreligiosa y pluralista de las sociedades de la región. La intolerancia ha impulsado una nueva ola de ideologías que distorsiona la historia y trata de reescribirla y que incita a la violencia comunal, levantando muros de separación y odio entre comunidades y pueblos.

El Comité Central insta a las iglesias, especialmente a las de la región, a que:

· tomen conciencia del avance del extremismo religioso que afecta negativamente a la mayoría de las religiones: islam, hinduismo, cristianismo y budismo. Esta influencia negativa de la religión procede muchas veces de grupos que actúan por ignorancia y oscurantismo para imponer a la sociedad sus ideas religiosas particulares;

· alienten y apoyen proyectos de educación cívica que promuevan la comprensión, la tolerancia, la paz y la armonía entre comunidades en los planos local, nacional y regional;

· dialoguen sobre derechos humanos con personas de otras religiones y convicciones para construir una cultura de paz y tratar de cuestiones como los derechos de las minorías y la intolerancia;

· presten atención a la difícil situación de los dalit a consecuencia de las prácticas y políticas discriminatorias del Gobierno de la India y promuevan la observancia de las garantías constitucionales mediante recursos legales, concientización y defensa de sus intereses a nivel nacional e internacional;

· movilicen apoyos nacionales e internacionales para la derogación de las Leyes contra la Blasfemia en Pakistán.

2. El enfrentamiento entre India y Pakistán y la disputa sobre Cachemira

Los acontecimientos tras el 11 de septiembre han puesto de nuevo a Pakistán e India al borde de una guerra abierta. La guerra en Afganistán y la presencia de los Estados Unidos en la región han añadido una nueva dimensión a una situación ya tensa en el sub-continente. El estamento militar en Pakistán está siendo recompensado por su apoyo a la coalición internacional dirigida por los Estados Unidos contra el terrorismo. Pero aunque el régimen militar participa activamente en la guerra contra los talibanes y las redes de Al-Qaida en Afganistán, muestra tibieza en su decisión de desarticular los grupos de militantes islámicos de su país que participan en acciones violentas en Cachemira.

2.1 La disputa de Cachemira sigue siendo una espina en el costado de India y Pakistán. Desde la partición del subcontinente en 1947, los dos vecinos han luchado en tres importantes guerras. El actual despliegue de millones de tropas en las fronteras podría llevar a hostilidades abiertas, con perspectivas de una guerra nuclear que ninguno de los bandos podría soportar.

2.2 Pese a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los años cuarenta y cincuenta y al Acuerdo de Simla de 1972, se ha llegado actualmente a una vía muerta con pocas perspectivas de que las partes vuelvan a la mesa de negociación para buscar un arreglo amistoso mediante el diálogo. La situación en Cachemira se agravó a finales de los años ochenta, cuando India, en lugar de escuchar y responder a las quejas de la población de Cachemira, envió al valle fuerzas militares para reprimir un levantamiento popular. Desde entonces ha continuado el deterioro de la situación, sin señales de vuelta a la normalidad. Las incursiones de militantes islámicos, patrocinadas por Pakistán, en apoyo del pueblo de Cachemira han agravado todavía más la situación.

2.3 Las poblaciones de India y de Pakistán han pagado un alto precio por este perpetuo estado de confrontación militar entre ambos países, que ha llevado a un aumento constante de los gastos de defensa. Ese aumento se ha realizado a expensas de los gastos de salud, alimentación, educación, vivienda y otros proyectos en los sectores de desarrollo humano, lo que agrava aún más los sufrimientos del pueblo.

El Comité Central

afirma que la disputa de Cachemira ha de resolverse de conformidad con los deseos del pueblo de Jammu y Cachemira. Tal solución ha de basarse en los principios enunciados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los años cuarenta y cincuenta, y en el espíritu del Acuerdo de Simla de 1972;

reitera que no hay una solución militar para la disputa de Cachemira y que ambas partes deben volver sin demora a la mesa de negociación;

hace un llamamiento a los Gobiernos de India y Pakistán para que adopten medidas inmediatas con objeto de restablecer y normalizar las relaciones promoviendo la confianza y preparando el camino para un diálogo político;

pide al Gobierno de India que permita un mayor acceso al Valle de Cachemira de las organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos, y al Gobierno de Pakistán que se abstenga de apoyar a los grupos militantes islámicos implicados en el terrorismo transfronterizo;

alienta a las iglesias miembros del CMI a que se solidaricen con las iglesias de India y de Pakistán y a que las ayuden en su ministerio de curación y de reconciliación en la región;

insta a las iglesias de India y de Pakistán a que adopten las siguientes medidas para facilitar el proceso de arreglo amistoso del conflicto de Cachemira:

· concientizar a las iglesias de ambos países respecto a la urgencia de resolver el conflicto de Cachemira;
· alentar y apoyar las relaciones entre los pueblos de India y Pakistán con miras a una mejor comprensión, y a la promoción de la paz y la reconciliación en la región;
· organizar vigilias de oración, si es posible sobre una base interreligiosa, para promover la paz y la reconciliación entre ambos países.

3. La amenaza nuclear

Los ensayos nucleares de mayo de 1998 en India y Pakistán sorprendieron desprevenida a la comunidad internacional. Las tensiones entre ambos países aumentaron, abriendo la perspectiva de una acelerada carrera armamentista en la región. Los ensayos fueron condenados en todo el mundo y, el 6 de junio de 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1172 en la que instaba a ambos países a que se abstuvieran de nuevos ensayos nucleares. La Resolución contenía una serie de directrices para instar a los dos países a que se unan a los muchos que ya han adoptado el régimen de no proliferación. La comunidad ecuménica está convencida de que es peligroso confiar en que las armas nucleares no se utilizarán en Asia meridional. El episodio de Kargil de 1999 y el ataque del 13 de diciembre de 2001 al Parlamento indio son pruebas de la escasa conciencia que aún se tiene del cambio de situación que se ha producido en el subcontinente a raíz del ensayo nuclear de mayo de 1998.

El Comité Central insta a los Gobiernos de India y Pakistán a que:

· desmantelen sus armas nucleares y se adhieran al Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares y al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares;

· sometan todos sus programas nucleares civiles a acuerdos de seguridad internacionalmente reconocidos; y

· cooperen con otros estados de la región para establecer una región libre de armas nucleares en Asia meridional.

pide a ambos gobiernos que mientras tanto apliquen inmediatamente medidas para reducir el riesgo de ataques nucleares deliberados o involuntarios, y a este fin:

· suscriban conjuntamente una política de no primer uso y formalicen este compromiso mediante un acuerdo bilateral;

· se abstengan de equipar con armas a los vectores;

· aseguren el control efectivo del poder político civil central sobre las políticas y las instalaciones nucleares; y

· amplíen y refuercen el actual acuerdo que prohíbe los ataques a las instalaciones nucleares de cada uno.

pide además a los Gobiernos de India y de Pakistán que:

· suspendan toda nueva investigación, desarrollo y producción de armas nucleares o componentes de las mismas; y

· suspendan la producción de materiales fisionables y apoyen las negociaciones internacionales para una prohibición mundial de la producción de materiales fisionables.

pide a los demás gobiernos que:

· pongan fin inmediatamente a todo apoyo material y político a India y a Pakistán para el desarrollo y la producción de armas nucleares y/o sus vectores.

pide a sus iglesias miembros en Asia meridional que:

· insten a sus respectivos gobiernos a que trabajen en favor de una zona libre de armas nucleares en Asia meridional; y

· emprendan programas de sensibilización pública en apoyo de la supresión de las armas nucleares en Asia meridional y en el mundo entero.

pide a las iglesias de otras partes del mundo que:

· apoyen a las iglesias y los organismos ecuménicos de Asia meridional en sus esfuerzos para promover una zona libre de armas nucleares en la región; y

· pidan a sus propios gobiernos que retiren todo apoyo relacionado con la investigación, la producción y el despliegue de armas nucleares por India y Pakistán y promuevan el objetivo de una zona libre de armas nucleares en Asia meridional.

4. El conflicto étnico en Sri Lanka

El conflicto en Sri Lanka, desde que se agravó en 1983, ha cobrado más de sesenta mil vidas en ambos bandos. La guerra ha dejado en ruinas la economía del país. Durante más de veinte años se han impuesto leyes draconianas a la población, principalmente a los tamiles. Tortura, detención sin juicio, ejecuciones extrajudiciales y recorte de la libertad de prensa son prácticas comunes de las autoridades. Los LTTE han impuesto condiciones estrictas en las zonas que controlan, donde son prácticas comunes la extorsión, las ejecuciones sumarias y el reclutamiento forzoso, en particular de niños, para la guerra.

La escalada bélica en los decenios de los ochenta y los noventa produjo un éxodo masivo de refugiados tamiles a India, Europa occidental, América del Norte y Australia; además, gran número de personas del norte y el este pasaron a ser personas desplazadas en su propio país. Se han hecho, sin gran éxito, varios intentos de mediación para conseguir un acuerdo de paz entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE. No obstante, la situación cambió inesperadamente en febrero de 2002, cuando el Gobierno noruego facilitó un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE para suspender las hostilidades, en espera de las conversaciones de paz que han de tener lugar en Bangkok, Tailandia.

El Comité Central:

· acoge con satisfacción el Memorándum de Entendimiento convenido entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Ealam Tamil;

· insta a la comunidad ecuménica a:

5. Bangladesh y las minorías religiosas

Después de tres décadas de independencia, Bangladesh no ha conseguido desarrollar un marco constitucional viable de gobierno democrático. El país ha sufrido frecuentes cambios de gobierno y golpes militares sangrientos. Su principio fundacional de “nacionalismo secular bengalí” se ha venido abajo, y el país se ve ahora oprimido entre los agresivos partidos políticos islámicos de derechas ya agonizantes y un tropel de políticos oportunistas. La falta de una cultura política parlamentaria ha allanado el camino a la política destructora de la calle. Hay una necesidad urgente de construir una cultura de tolerancia y paz en el país.

El Comité Central pide a las iglesias que:

· vigilen la situación de las minorías religiosas en el país y ofrezcan apoyo pastoral y solidario a las iglesias y a los cristianos del país;

· proporcionen recursos humanos y materiales a las iglesias de Bangladesh para que puedan iniciar la cooperación y el diálogo interreligiosos con objeto de promover la tolerancia y construir una cultura de paz.


II. NOTA SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN SUDÁN

En su última reunión, celebrada en Postdam en febrero de 2001, el Comité Central del CMI aprobó una extensa declaración sobre la situación en Sudán, en la que se ponía de relieve la urgencia de esfuerzos encaminados a resolver el conflicto y se hacía un llamamiento a las iglesias miembros, las organizaciones ecuménicas y organismos conexos de cooperación, para que tomaran una serie de medidas de sensibilización en ese sentido.

Por medio del Foro Ecuménico del Sudán, el CMI y otras organizaciones ecuménicas han intensificado sus actividades de seguimiento de los acontecimientos, y han prestado nuevo apoyo a las iglesias de Sudán en defensa de la paz y la reconciliación.

A fines de junio de 2002, el Secretario General visitó el Norte y el Sur de Sudán, por invitación de las iglesias sudanesas. Renovó allí el compromiso del CMI de continuar acompañando a las iglesias en su lucha por una paz justa y duradera en Sudán.

Simultáneamente con esta visita, el Gobierno y el Movimiento/Ejército para la Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA/M) se reunieron en Machakos, Kenya, bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) para promover negociaciones sobre una solución pacífica del conflicto. El 20 de julio de 2002, firmaron un acuerdo conocido como el “Protocolo de Machakos”. Las iglesias sudanesas, aunque preocupadas aún por el aumento de los actos de violencia en el alto Nilo, expresaron un apoyo inequívoco a ese compromiso de las partes de entablar negociaciones con miras a una resolución pacífica y total del conflicto, basada en la Declaración de Principios de la IGAD, que asumieron las partes. Recibieron con agrado el Protocolo de Machakos por considerarlo un marco valioso para las negociaciones de paz en curso y especialmente el acuerdo específico de las partes para incorporar en el Acuerdo Final disposiciones sobre derecho a la libre autodeterminación del pueblo del Sudán Sur y sobre estado y religión.

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias acoge con beneplácito el Protocolo de Machakos y reitera su apoyo al proceso de paz de la IGAD. Asimismo, reconoce los persistentes esfuerzos de las iglesias sudanesas para luchar por la paz a pesar de las muchas dificultades. Al mismo tiempo, sigue preocupado por las noticias de que se han intensificado los combates en las cercanías de Tam, en el alto Nilo occidental, y en Yuai, en el alto Nilo oriental, violando gravemente las disposiciones del anterior acuerdo de cese de fuego en las Montañas de Nuba, negociado por los Estados Unidos y Suiza, con la consiguiente pérdida de vidas y el desplazamiento de la población civil.

En este nuevo contexto, y a la luz del Decenio para Superar la Violencia, el Comité Central insta a las iglesias miembros a que:

· perseveren en la oración por las iglesias y el pueblo de Sudán;
· ofrezcan apoyo y aliento a las iglesias de Sudán, ya que la labor de éstas en favor de la justicia, la paz y la reconciliación no ha terminado;
· sigan de cerca los acontecimientos relacionados con el Protocolo de Machakos e intercambien información al respecto;
· ayuden a las iglesias sudanesas cuando intenten entablar nuevas negociaciones en el marco del proceso de paz de la IGAD.


III. PROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

La violencia está asolando Colombia desde hace varias décadas. En los últimos años, se ha intensificado de manera espectacular, con un promedio de veinte personas por día –entre ellas tres niños- asesinadas o “desaparecidas” en medio de una agitación política y social continua. Un rasgo relativamente nuevo es que ahora se toma como blanco a los cristianos, tanto clérigos como laicos. Un ejemplo trágico fue el asesinato de más de cien personas (entre las que había por lo menos 40 niños) que buscaron refugio en una iglesia de Bellavista durante una confrontación militar que tuvo lugar en mayo de 2002.

Una vez más se comprueba que la violencia en Colombia no tiene límites; la angustiosa situación de su pueblo recuerda las palabras del salmista
Las iglesias y la sociedad civil en general de Colombia vienen oponiéndose desde hace muchos años a la escalada militar, por lo que han organizado protestas noviolentas multitudinarias y han tomado medidas para lograr una solución pacífica negociada. Muchas personas han pagado con su vida y muchas otras se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas que pesan sobre ellas y sus familias. El número de personas desplazadas de sus comunidades por la fuerza excede en la actualidad de los dos millones –cinco por ciento de la población total–, de los cuales casi una cuarta parte sólo en 2001. La mayoría de los desplazados por la violencia y las consecuencias de la puesta en práctica del Plan Colombia son indígenas y afrocolombianos y, como suele suceder en los conflictos civiles, los más afectados son las mujeres y los niños.

Para las iglesias de Colombia y otras organizaciones de la sociedad civil, la causa de los conflictos no radica en el tráfico de drogas ni en la violencia de los movimientos guerrilleros (aunque estos factores también cuentan), sino en la larga historia de injusticia social, la concentración del poder económico y político en pocas manos, la lucha por el control de yacimientos petrolíferos potencialmente ricos y una estructura social basada en la exclusión, las desigualdades y la impunidad.

Tras años de esfuerzos por encontrar una solución negociada al problema de la violencia, a comienzos de este año el Gobierno interrumpió las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dejó de respetar las zonas desmilitarizadas. Las últimas elecciones llevaron al poder a Álvaro Uribe Véles y, poco después de su toma de posesión, en agosto de 2002, el nuevo Gobierno declaró el estado de emergencia, dijo que duplicaría el número de efectivos militares y entabló negociaciones con las fuerzas paramilitares.

Estos hechos forman parte del “Plan Colombia”, que cuenta con el apoyo financiero, militar y político de Estados Unidos. El Comité Central, cuando se reunió en Potsdam en febrero de 2001, condenó enérgicamente esta estrategia militar e instó a las iglesias y al CMI a intensificar sus esfuerzos ecuménicos para apoyar una paz negociada. Después, el “Plan Colombia” se transformó en la “Iniciativa Andina”, en el marco de la cual se llevan a cabo operaciones militares en diferentes países de la región.

En respuesta a esto, el CMI, conjuntamente con la Federación Luterana Mundial, organizó un Foro Ecuménico sobre Colombia en el Centro Ecuménico de Ginebra, en el que se reunieron representantes de las iglesias y de la sociedad civil de Colombia, del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), de las iglesias y las organizaciones de cooperación en Europa, con el objetivo de elaborar una estrategia para responder a la guerra en Colombia. Además, pidió que se reforzara la acción ecuménica internacional y se hiciera hincapié en el trabajo en favor de la paz que se realiza en el marco del Decenio para Superar la Violencia (DSV).

Ante esta trágica situación y en vista de la amenaza que la misma supone para toda América Latina, y en el contexto del Decenio para Superar la Violencia, el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2002,

Reitera sus expresiones de solidaridad y sus oraciones por el pueblo colombiano, especialmente por las familias y los amigos de las personas asesinadas, mutiladas, desaparecidas o desplazadas, y por las iglesias de Colombia en relación con su testimonio y su trabajo valientes y sacrificados en favor de la paz;

Pide a todos los dirigentes políticos, militares y religiosos de Colombia que no escatimen esfuerzos para lograr una solución pacífica del conflicto, el desarme de las fuerzas paramilitares y el restablecimiento del estado de derecho;

Pide a todos los movimientos de oposición armados que respeten las reglas de combate aplicables a situaciones de conflicto armado, desistan de todas las operaciones que pongan en peligro a la población civil y traten de reanudar las negociaciones de buena fe en favor de la paz;

Denuncia una vez más el “Plan Colombia” y todas las estrategias basadas en el uso de la fuerza militar con fines preventivos;

Insta al Gobierno de Colombia a que revoque todas las medidas de emergencia, garantice el pleno respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos y respete en su totalidad las disposiciones del derecho internacional aplicables a situaciones de conflicto civil, especialmente las que se refieren a la protección de la población civil en las zonas de conflicto armado;

Pide con insistencia al Gobierno de los Estados Unidos de América a que retire sin demora de Colombia y de sus demás emplazamientos en la región latinoamericana todas sus fuerzas militares, incluso asesores militares y otros;

Insta a todos los gobiernos de la región a que tomen todas las medidas posibles para favorecer la solución pacífica del conflicto civil en Colombia y a que respeten los derechos de quienes se han visto obligados a huir de la violencia en dicho país y que atiendan a sus necesidades vitales;

Expresa su reconocimiento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el trabajo realizado a través de su oficina en Colombia, así como a las ONG de derechos humanos y las organizaciones vinculadas a las iglesias por los esfuerzos realizados para proteger y prestar asistencia a las víctimas y para desarrollar programas de pacificación;

Hace notar una vez más a las iglesias miembros y los organismos conexos la apremiante situación de Colombia y expresa su profundo reconocimiento a quienes ya han dado prioridad a esa situación, y pide oraciones y medidas concretas de solidaridad con las iglesias, las víctimas y la población en peligro de las zonas de conflicto armado;

Pide especialmente a las iglesias de Estados Unidos que ejerzan presión sobre su Gobierno para que cese de inmediato su intervención en el “Plan Colombia”, para que la asistencia militar a Colombia se reoriente a fines humanitarios, y para que vuelva a hacer hincapié en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en ese país; y

Pide al personal del Consejo que continúe e intensifique sus esfuerzos para apoyar las iniciativas de paz y reconciliación en cooperación con las iglesias de Colombia, el CLAI y otras iglesias y organizaciones ecuménicas de todo el mundo.



IV. DECLARACIÓN SOBRE LA RESPUESTA ECUMÉNICA AL CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO EN TIERRA SANTA

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2002:

Recordando su “Nota sobre la situación en Tierra Santa tras el comienzo de la segunda revuelta palestina”, aprobada en su última reunión (Potsdam, febrero de 2001), en la que el Comité Central expresaba
Alarmado y afligido por la escalada de violencia en los últimos veintitrés meses, que se ha cobrado cientos de vidas en Palestina e Israel y que ha dado lugar a la peor catástrofe humanitaria sufrida por la población palestina en la reciente historia;

Expresando una vez más su pesar y sus profundas condolencias a todas las víctimas del conflicto, y especialmente a las familias de los que han perdido su vida tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados;

Lamentando profundamente que la comunidad internacional, en especial los gobiernos más directamente afectados, no puedan o no quieran responder a los repetidos llamamientos para establecer una presencia en la zona a fin de que las partes en el conflicto cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que hace posible que continúen las acciones ilegales y se agrave el clima de desconfianza, temor y odio;

Reafirmando su convicción de que una solución justa y duradera del conflicto entre árabes e israelíes ha de lograrse mediante negociaciones activas basadas en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Reiterando su llamamiento para que se respeten en todas las circunstancias las normas universalmente aceptadas del Cuarto Convenio de Ginebra, que es la piedra angular del derecho humanitario internacional y contiene normas jurídicas básicas para el trato a las personas civiles en los conflictos armados o bajo ocupación;

Reafirmando el derecho de un pueblo ocupado a luchar contra la injusticia por medios noviolentos para obtener la libertad;

Reiterando su apoyo a las personas y las organizaciones israelíes y palestinas que rechazan la lógica de la violencia y la ocupación, y luchan juntos por la justicia, la paz, la seguridad, el entendimiento mutuo y la reconciliación entre sus pueblos;

Reafirmando la necesidad de respetar plenamente los Santos Lugares, y condenando todas las acciones que los violan;

Condenando la ocupación y el uso indebido de iglesias y otros edificios y lugares religiosos con fines militares o contrarios a su vocación religiosa;

Reiterando su apoyo a las iglesias y comunidades cristianas de Tierra Santa como guardianas de los Santos Lugares, a sus esfuerzos por apoyar y servir a sus comunidades y su testimonio como pacificadoras;

Reiterando su compromiso permanente con el diálogo y la cooperación entre cristianos, musulmanes y judíos;

Reiterando su convicción de que Jerusalén debe seguir siendo una ciudad abierta e inclusiva con libre acceso para el pueblo palestino y con soberanía y ciudadanía compartidas entre el Estado de Israel y el futuro Estado de Palestina, y de que Jerusalén puede ser una fuente de paz, estabilidad y coexistencia más que de división y conflicto;

1 Pide de nuevo e insistentemente la retirada inmediata de las fuerzas israelíes de ocupación de los territorios palestinos para poner fin a su ocupación ilegal de éstos;

2 Pide a Israel, potencia ocupante, que cumpla escrupulosamente sus obligaciones legales y asuma sus responsabilidades con arreglo al IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de la población civil en caso de conflicto armado;

3 Recibe con aprecio el informe de las medidas tomadas por el Consejo en cumplimiento de las recomendaciones de la reunión de Potsdam del Comité Central;
4 Suscribe la Resolución del Comité Ejecutivo sobre la respuesta ecuménica al conflicto palestino-israelí, de septiembre de 2001, y se congratula por los considerables esfuerzos realizados por el secretario general y el personal para aplicarla;
5 Reafirma, en el contexto del Decenio para Superar la Violencia, la creencia que los cristianos comparten con los judíos y los musulmanes de que toda vida humana es sagrada a los ojos de Dios y que eliminar una vida humana es contrario a las enseñanzas morales y éticas de las tres religiones monoteístas;
6 Une su voz a las de muchos cristianos, musulmanes y judíos de la región y de todo el mundo que han deplorado profundamente todos los actos de violencia relacionados con este conflicto, entre ellos:
· La invasión militar y la reocupación por Israel de los territorios palestinos, las ejecuciones extrajudiciales de dirigentes palestinos, la matanza de civiles palestinos, la aplicación de castigos colectivos y la destrucción de viviendas y propiedades palestinas en Israel y en los territorios ocupados;
· Todos los actos de terror contra la población civil en Israel y en los territorios ocupados, en especial la práctica creciente y profundamente inquietante de los atentados suicidas con bombas organizados e indiscriminados;

7 Pide a todas las partes interesadas, en particular, israelíes y palestinos, que velen por la seguridad de todas las personas civiles y respeten las normas universalmente aceptadas del derecho internacional humanitario;
8 Pide a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra que apliquen su declaración del 5 de diciembre de 2001 en la que

9 Pide con insistencia a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y la Federación Rusa que asuman un papel más activo, decisivo, objetivo y congruente en la mediación entre las dos partes sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y que hagan cuanto puedan por evitar más derramamientos de sangre y sufrimientos;
10 Insta al Gobierno de Israel a que reconozca la elección de Su Beatitud el Patriarca Irineos I al frente del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén;
11 Pide a todas las autoridades interesadas que no interfieran en los asuntos internos de las iglesias;
12 Acoge con agrado la respuesta positiva de muchas iglesias miembros y organizaciones ecuménicas al llamamiento de unirse, en el contexto del Decenio para Superar la Violencia: las iglesias en pos de la reconciliación y la paz (2001-2010), en una campaña ecuménica orientada a la acción para poner fin a la ocupación ilegal de Palestina, en apoyo de la reconciliación entre israelíes, palestinos y otros pueblos en Oriente Medio, y de su convivencia en la justicia y la paz, y exhorta a otras iglesias a que se unan a ellas:
a. Apoyando el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI), como manifestación concreta de solidaridad cristiana mediante la presencia y el testimonio activos de una resistencia noviolenta a la ocupación de Palestina, trabajando por la sensibilización de la opinión pública y un cambio de política;
b. Reclamando la suspensión del Acuerdo entre Estados Unidos, Israel y la Asociación Euromediterránea que condiciona “las relaciones entre las partes, así como las disposiciones del propio Acuerdo respecto a los derechos humanos y los principios democráticos que orientan su política interna e internacional y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo”, hasta que Israel observe esas disposiciones;
c. Presionando a los gobiernos, en particular al de los Estados Unidos de América, para que revisen la ayuda económica al Estado de Israel y suspendan cualquier forma de cooperación militar con éste, llegando a imponer un embargo estricto sobre las armas, hasta que Israel cumpla las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
d. Aportando generosos recursos financieros a los esfuerzos ecuménicos humanitarios y en favor de los derechos humanos con los que se trata de remediar el constante crecimiento de los sufrimientos humanos;
e. Orando juntas por la paz y por todos los que trabajan por la paz, y por el fin de todas las formas de violencia en Tierra Santa, tratando de que nuestras esperanzas y aspiraciones comunes de paz y justicia para todos los pueblos se hagan realidad en esas tierras en las que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue recibido como Príncipe de la Paz.


V. DECLARACIÓN SOBRE LAS AMENAZAS DE ACCIÓN MILITAR CONTRA IRAK

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2002,

Profundamente preocupado y alarmado por los persistentes esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos de América para obtener apoyo internacional en favor de una nueva acción militar contra Irak con el objetivo declarado de derrocar al actual Gobierno de Irak;

Recordando y reafirmando las palabras de la Primera Asamblea General del CMI (1948): La guerra como medio de resolver las controversias es incompatible con las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El papel que desempeña en nuestra actual vida internacional es un pecado contra Dios y una degradación del hombre.

Recordando y reafirmando la Declaración de la Séptima Asamblea de 1991 sobre la Guerra del Golfo, el Oriente Medio y la amenaza a la paz mundial y su declaración sobre la situación en Irak de febrero de 1998, en la que ponía en guardia contra una nueva acción militar que produciría un gran número de víctimas y más sufrimientos entre el pueblo iraquí;

Recordando y reafirmando ulteriores medidas y declaraciones públicas del CMI en las que pedía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que levantara inmediatamente todas las sanciones que tuvieran un efecto directo e indiscriminado sobre la población civil de Irak;

Reiterando su convicción de que “Según la ley soberana de Dios, ningún país ni grupo de países tiene el derecho de vengarse contra otro. De la misma manera, ninguna nación tiene el derecho de hacer juicios unilaterales y de tomar medidas unilaterales que den lugar a la devastación de otra nación y a los sufrimientos masivos de su pueblo” Comité Central, Potsdam, 2001;

Comparte los temores e inquietudes de las iglesias de Oriente Medio expresadas por el Consejo de Iglesias del Oriente Medio en su declaración del 5 de agosto de 2002, y apoya su llamamiento en favor de “un esfuerzo diplomático y político sostenido y decidido que comprometa directamente al Gobierno de Irak directamente y de una campaña persistente que devuelva al pueblo iraquí su capacidad de acción y restaure su dignidad;”

Acoge complacido la Declaración Cristiana publicada a mediados de julio por Pax Christi del Reino Unido que considera los pronunciamientos de planes de guerra contra Irak por los Estados Unidos, con posible apoyo británico, como inmorales e ilegales, deplorando el hecho de que las naciones más poderosas del mundo sigan considerando la guerra como un instrumento aceptable de política exterior, en violación de los principios de las Naciones Unidas y de las enseñanzas cristianas;

Asimismo acoge complacido las posturas adoptadas por las iglesias de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y otras naciones que expresan una grave preocupación con respecto a la amenaza de guerra contra Irak;

Pide al Gobierno del Irak que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en especial la exigencia de que destruya todas las armas de destrucción masiva y sus instalaciones conexas de investigación y producción, coopere con los inspectores de las Naciones Unidas desplegados para supervisar la observancia y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todos sus ciudadanos;

Pide insistentemente al Gobierno de los Estados Unidos de América que desista de toda amenaza militar contra Irak y de cualesquiera nuevos planes de acciones militares contra ese país;

Insta a la comunidad internacional a que apoye el imperio internacional de la ley, resista a las presiones de participar en ataques militares preventivos contra un Estado soberano bajo el pretexto de “guerra al terrorismo”, y refuerce su compromiso de obtener por medios no militares el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Pide a las iglesias miembros y a las organizaciones ecuménicas que influyan sobre sus gobiernos para que consideren las causas profundas del conflicto mismo y pongan fin a la angustiosa crisis humanitaria en Irak; y

Reitera a las iglesias y al pueblo de Irak su expresión de solidaridad y sus oraciones


VI. NOTA SOBRE LA TRAGEDIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 Y LAS CONSECUENCIAS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Comité Central expresa su profundo reconocimiento por el informe que ha recibido sobre los dilatados esfuerzos del Comité Ejecutivo, el Secretario General y el personal del Consejo en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos. Suscribe el breve mensaje enviado a las iglesias estadounidenses por el secretario general en nombre del Comité Ejecutivo que estaba reunido en Ginebra ese día, y su ulterior carta pastoral del 20 de septiembre a dichas iglesias. Como decía la carta del 11 de septiembre, “oramos en especial por las víctimas de esas tragedias y por sus familias y seres queridos... Fervientemente pedimos que éste sea el fin del terror, e imploramos a los responsables que desistan de todo nuevo acto de inhumanidad.” Y estas oraciones continúan.

Al enviar una delegación pastoral de “cartas vivas” a las iglesias de los Estados Unidos, el Consejo encarnó la solidaridad y la simpatía –y también las aprensiones– de las iglesias y los consejos de iglesias de todo el mundo. Como dijeron los enviados, “hemos salido de nuestros contextos heridos para compartir con ustedes las heridas. Nos ha hecho sentir humildes y nos ha estimulado el oír a los dirigentes de las iglesias que se plantean preguntas más amplias que sus propias preocupaciones, que se sitúan en el contexto mundial.” Las iglesias estadounidenses se han sentido consoladas y animadas por las expresiones de apoyo y simpatía desde todos los rincones del planeta, incluidos aquellos que han experimentado los devastadores efectos del terrorismo y la guerra.

Al adoptar esta nota, el Comité Central reconoce que un año después de los atentados, las heridas son todavía profundas y que pervive el sentimiento generalizado de vulnerabilidad en el pueblo de los Estados Unidos y de otras naciones. Reconocemos también que esos atentados fueron orquestados por una red terrorista bien financiada y extendida. Reconocemos además que muchos miembros de las iglesias estadounidenses están todavía comprometidos en la lucha espiritual para resolver la tensión entre un patriotismo exaltado suscitado por estos ataques contra símbolos y ciudadanos de su país y una espiritualidad renovada que los llama a aceptar una insospechada vulnerabilidad y a reflexionar sobre las complejidades morales de estos acontecimientos.

Las iglesias estadounidenses respondieron y siguen respondiendo al dolor de las comunidades desgarradas y al traumatismo de la insospechada vulnerabilidad. Muchas iglesias estadounidenses se han pronunciado en público sobre las consecuencias negativas de la respuesta dada por su Gobierno a los ataques terroristas. En su Asamblea de noviembre de 2001, el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos (NCCCUSA) declaró: “creemos que la tragedia de los atentados del 11 de septiembre y la consiguiente guerra al terrorismo… ofrecen un momento de kairos, un lugar en el tiempo de Dios, un tiempo para que la Iglesia dé testimonio de la plenitud de Dios, nuestro creador, redentor y consolador.” En esta declaración, el NCCCUSA expresó también su grave preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades civiles de los detenidos por el Gobierno de los Estados Unidos, e hizo constar su deseo de que el Gobierno estadounidense colabore con la comunidad de naciones en la respuesta a la amenaza del terrorismo y la construcción de la justicia y la paz. Pero el espacio para el debate público abierto sobre la actual respuesta estadounidense al terrorismo es limitado, y las críticas se interpretan a menudo como actitudes desleales y antipatrióticas.

La respuesta militar estadounidense a los atentados suscitó una serie de tomas de posición públicas, claras y pertinentes, del CMI. Por medio de “Behind the News: Voices of Faith, Visions of Hope”, producido conjuntamente con Acción Conjunta de las Iglesias (ACT) y la Alianza Ecuménica de Acción Mundial, el Consejo ofreció información general y análisis que de otro modo no eran fácilmente accesibles, ayudando a las comuniones mundiales y a otros a interpretar los acontecimientos. Las dos consultas de “discernimiento” convocadas por la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales en Ginebra (noviembre de 2001) y en Washington D.C. (agosto de 2002) han ayudado a las iglesias de todo el mundo a reflexionar sobre los problemas y los desafíos, y a formular sus propias respuestas de manera concertada.

El documento de referencia sobre Cuestiones de Actualidad preparado para esta reunión por el personal de Relaciones Internacionales ha brindado un análisis convincente de los efectos de la respuesta estadounidense a los acontecimientos del 11 de septiembre. En solidaridad con quienes sufren en los Estados Unidos y por todo el mundo a causa de tales acontecimientos, compartimos las siguientes preocupaciones, junto con la esperanza y las oraciones por un mundo más justo y pacífico:

1. Efectos sobre la paz y la seguridad internacionales. El Gobierno de los Estados Unidos ha respondido a los sucesos del 11 de septiembre por medios militares y ha presionado a todas las naciones del mundo para que se alinearan con su propia política bajo la amenaza de graves repercusiones si no lo hacían. Esta “guerra al terrorismo” ha reforzado el concepto de “soluciones” militares a cuestiones complejas, autorizando de este modo hasta cierto punto la continuación y la escalada de guerras civiles y otros conflictos armados, entre ellos el conflicto entre Israel y Palestina. Además, los gobiernos de todas las regiones han utilizado la “guerra al terrorismo” para justificar la represión de los disidentes políticos. Al dividir el mundo en “buenos” y “malos”, se han fomentado peligrosamente planteamientos simplistas de realidades complejas. Las iglesias tienen una responsabilidad particular de rechazar esas simplificaciones.

2. Efectos sobre los derechos humanos y el derecho internacional. En su respuesta a los atentados, el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado una serie de medidas que amenazan los derechos humanos y las libertades civiles en su propio territorio y en otras partes. El gobierno estadounidense ha pedido medidas decisivas de otras naciones para adoptar leyes y prácticas similares a las de los propios Estados Unidos. Al hacerlo así, han contribuido a la adopción en muchos países de políticas que recuerdan las de los años setenta y ochenta, cuando gobiernos militares represivos aplicaban la doctrina de la “seguridad nacional” mediante declaraciones del estado de emergencia que suspendían la protección constitucional de los derechos humanos y las libertades civiles. Los efectos de esto, tanto inmediatos como a largo plazo, son muy perturbadores e impulsan a los cristianos a seguir hablando en apoyo de los derechos humanos en cuyo desarrollo las propias iglesias han tenido un papel preeminente.

Análogamente, el Gobierno de los Estados Unidos ha manifestado en muchas ocasiones que pasará por alto a las Naciones Unidas. Al hacerlo así, y por su oposición a la recién creada Corte Penal Internacional, los Estados Unidos han socavado gravemente el derecho internacional y sus normas. Han puesto así en grave peligro los esfuerzos de más de medio siglo para establecer un orden mundial justo. Está en juego el permanente compromiso de las iglesias con el desarrollo del derecho y la cooperación internacionales.

3. La práctica del unilateralismo. La determinación de los Estados Unidos de actuar solos cuando sea preciso, y exigir inmunidad para sí mismos cuando se trata de la Carta de las Naciones Unidas y de sus propias obligaciones contractuales, siembra las semillas de graves enfrentamientos internacionales en el futuro. El Gobierno estadounidense ha derogado ya varias obligaciones contractuales contraídas por anteriores gobiernos, varias de ellas ratificadas por el Congreso (por ejemplo, el Tratado sobre misiles antibalísticos y el Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares). En las reuniones de las Naciones Unidas antes y después del 11 de septiembre, los Estados Unidos se han quedado prácticamente solos contra el mundo en cuestiones que van desde el desarme hasta las políticas medioambientales y al racismo. También esto es muy inquietante. Como dijeron los participantes en la reunión de agosto de 2002 en Washington, en su mensaje al Comité Central del CMI, “las relaciones pacíficas entre las naciones y los pueblos se consiguen mediante decisiones multilaterales, no mediante acciones económicas y militares unilaterales de un solo país.”

4. Auge mundial del militarismo y nuevas doctrinas militares. Ya antes del 11 de septiembre los Estados Unidos habían reforzado su propia presencia militar en el mundo. Esta presencia ha crecido desde el 11 de septiembre, y hoy se dice que tienen fuerzas estacionadas en más de 100 países. Además de extender su penetración militar en el mundo, la administración de Bush propugna por golpes militares preventivos contra eventuales amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Esto se opone a la Carta de las Naciones Unidas y podría crear un modelo que socavaría gravemente la seguridad internacional. Esta pretendida equiparación de seguridad con fuerza militar está en rotundo contraste con el compromiso de las iglesias en favor de la seguridad humana, que sólo puede alcanzarse por la justicia económica, la paz, y el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional.

Cuando el mundo se enfrenta con la amenaza real y actual del terrorismo, reafirmamos que las mejores maneras de combatir el terrorismo están en la construcción de un orden mundial más justo en el que se mantengan y afirmen los derechos y la dignidad de todos los seres humanos. Con todo su poder –político, económico y militar– los Estados Unidos son sólo una de las naciones de la comunidad mundial. Hay que esperar seriamente que el Gobierno de los Estados Unidos trabaje de nuevo con otras naciones para reforzar el marco del orden mundial que él mismo contribuyó a dar forma en Conferencia de San Francisco en la que se fundaron las Naciones Unidas.

Las iglesias de todas las naciones tienen una responsabilidad moral y ética crítica de proclamar la verdad frente al poder. El cumplimiento de esta responsabilidad requiere un debate a fondo de estas cuestiones y el discernimiento en la oración de las respuestas cristianas. En el marco del Decenio para Superar la Violencia, las iglesias están llamadas a promover la reconciliación y la curación, a intensificar los esfuerzos para el diálogo entre religiones y a reforzar sus relaciones mutuas para responder a este nuevo y peligroso orden mundial. Se nos llama a afrontar estas cuestiones teniendo en cuenta las palabras que Cristo dijo a sus discípulos:

Oísteis que fue dicho. “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. (Mt. 5:43-45)


VII. NOTA SOBRE LA RENEGOCIACIÓN DE LOS PACTOS DE LIBRE ASOCIACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA Y LA REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL

Al fin de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas dieron a Estados Unidos en fideicomiso los territorios de Micronesia y de las Islas Marshall, con la obligación de asistir a las dos naciones del Pacífico para que llegaran a ser autosuficientes e independientes. Las autoridades de Estados Unidos consideraron que estas islas, situadas entre Hawai y Australia, tenían interés estratégico en el plano militar y, desde 1946 hasta 1958, realizaron 67 pruebas nucleares en las Islas Marshall.

Desde 1986, la relación de Estados Unidos con los Estados Federados de Micronesia (EFM) y la República de las Islas Marshall (RIM) se ha regido por Pactos de Libre asociación que expiraron en 2001 y están siendo renegociados hasta octubre de 2003. A principios de septiembre de 2002, una delegación de representantes de las iglesias de la RIM, acogidas por dos iglesias de Estados Unidas, visitarán Washington D. C. para entrevistarse con miembros del Congreso en relación con los pactos, que los habitantes de Micronesia y de las Islas Marshall negociaron sin saber todas las consecuencias de las pruebas nucleares y los verdaderos costos que suponían tanto en lo que se refiere a la independencia como a la limpieza después de las pruebas.

El año anterior a la Asamblea de Vancouver (1983), el Consejo Mundial de Iglesias envió una delegación a Micronesia y a las Islas Marshall como parte de las visitas preparatorias de la Asamblea y por ellas se enteró de los problemas de salud que padecía la población como consecuencia de las pruebas nucleares y de la reubicación forzada de la población de algunos de los atolones de las islas Marshall para responder a las necesidades militares estadounidenses. Varias semanas antes de esta Asamblea, se envió a las Islas Marshall y a Micronesia una delegación de cuatro personas, entre ellas un físico nuclear, para evaluar los efectos de las radiaciones en la salud de la población y los costos sociales y humanos de la presencia militar de Estados Unidos allí. El informe de esta delegación fue recibido en Vancouver, donde la Sra. Darlene Keju-Johnson, ciudadana de las Islas Marshall, dio un testimonio personal contundente en el que ponía en conocimiento de los delegados a la Asamblea que el problema de la exposición a radiaciones nucleares era mucho más grande de lo que había admitido Estados Unidos. Señaló que a la atención médica prestada por Estados Unidos a la población se limitaba a los habitantes de dos atolones. Darlene murió en 1996, a la edad de 45 años, de cáncer de seno.

Aunque el amplio informe del CMI tenía un fundamento excelente, se le ha dado poco seguimiento en los últimos años. En un estudio de la Universidad de Hawai publicado recientemente se muestra que las 67 detonaciones nucleares realizadas en los atolones fueron equivalentes aproximadamente a diez bombas del tamaño de la de Hiroshima lanzadas por semana durante todo el período de las pruebas. Del mismo modo, un documento secreto del gobierno de Estados Unidos dado a conocer recientemente, “El Informe Salomón”, revela un esfuerzo para mantener estos dos países del Pacífico permanentemente vinculados a Estados Unidos mediante la “dependencia económica estratégica”. A todo esto hay que agregar ahora el efecto ambiental del calentamiento de la atmósfera en las islas que están a nivel del mar.

Por lo tanto, el Comité Central solicita al CMI que siga de cerca los acontecimientos relacionados con las renegociaciones de los Pactos de Libre Asociación, que estudie las cuestiones que preocupan a las poblaciones de Micronesia y de las Islas Marshall y que, en cooperación con las iglesias de Estados Unidos, examine las maneras de apoyar la reivindicación de una indemnización justa y de la eliminación de las disposiciones injustas de los Pactos. Este trabajo debería relacionarse con los esfuerzos similares que ha hecho el Consejo para apoyar la petición de una indemnización justa por el daño causado a las tierras y las personas de todos los pueblos del Pacífico, entre ellos especialmente los de Taihití y sus cercanías, que han sido muy perjudicados por las pruebas nucleares francesas.


VIII. INFORMACIÓN SOBRE INDONESIA

El Comité de Cuestiones de Actualidad examinó también la solicitud presentada en relación con las tensiones religiosas y comunales que persisten en Indonesia y comunica al Comité Central que ha dado respuesta a esto, de conformidad con los procedimientos aplicables a las cuestiones de actualidad, como parte del trabajo actual del CMI. Como se indica en el Informe Preliminar sobre Cuestiones de Actualidad elaborado por el personal de Relaciones Internacionales, el Consejo ha dado prioridad al problema de la tensión continua y el conflicto entre musulmanes y cristianos en Indonesia, especialmente en Aceh y en las Molucas. Lo que ahora preocupa particularmente son los acontecimientos en Sulawesi meridional y central donde, pese a los Acuerdos de Malino I y II celebrados entre las comunidades musulmanas y cristianas y el Gobierno de Indonesia, no han cesado la violencia y las matanzas. En respuesta a la solicitud mencionada, se redactará una carta para reiterar al Presidente de Indonesia las preocupaciones ecuménicas. El personal de Relaciones Internacionales del Consejo continuará vigilando los acontecimientos, en contacto regular con las iglesias de Indonesia y la Conferencia Cristiana de Asia y se están haciendo planes para que el personal y organizaciones ecuménicas clave realicen una visita pastoral para expresar una vez más la solidaridad ecuménica con las iglesias con la esperanza de ayudarlas a restablecer unas relaciones intercomunales armoniosas.


IX. EXPRESIÓN DE AGRADECIMIENTO AL PASTOR DWAIN EPPS

En estos momentos en que Dwain Epps llega al final de su carrera de largos y abnegados servicios a la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, del Consejo Mundial de Iglesias, el Comité de Cuestiones de Actualidad, en nombre del Comité Central del CMI, se complace en manifestar su profundo agradecimiento por la contribución de Dwain a sus deliberaciones y en desearle mucha suerte en su nueva vida de jubilado. Todos nos hemos beneficiado de sus amplios conocimientos, de su gran habilidad para formular textos precisos, que siempre han merecido nuestro consenso y han orientado al Consejo en la esfera de los asuntos internacionales. También nos hemos beneficiado grandemente de sus percepciones teológicas y de sus análisis políticos. Y, sobre todo, hemos apreciado su sentido del humor, su compañía, su amistad y su inquebrantable lealtad al Movimiento Ecuménico. En pocas palabras: ¡que lo vamos a echar mucho de menos!